Cristorata pide perdón tras investigación fiscal por insultos racistas: "Asumiré las consecuencias de mis actos"

La libertad de expresión en las plataformas digitales vuelve a estar en el centro del debate judicial en el Perú. Christopher Puente Viena, el streamer detrás de la marca Cristorata, se encuentra bajo la lupa de las autoridades tras una reciente transmisión en vivo donde profirió insultos discriminatorios hacia los ciudadanos de las regiones andinas del país. El impacto de sus palabras fue tal que no solo generó el rechazo inmediato de los usuarios en redes sociales, sino que motivó la intervención directa de los organismos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales y la identidad cultural.

Un mea culpa bajo presión legal

En un intento por mitigar el impacto mediático y legal, el joven influencer utilizó su canal de Kick para emitir un pronunciamiento donde reconoció la gravedad de su error.

"Lancé un comentario racista en mi stream y, obviamente, no tiene justificación. Me consumió el momento y el enojo", declaró Puente Viena, refiriéndose a su reacción frente a los resultados preliminares de los comicios presidenciales.

Aunque intentó contextualizar su arrebato como parte del "show" del streaming, fue enfático en señalar que no busca minimizar el daño causado a la población agraviada.

"No maté ni le metí un puñete a nadie, pero eso no quiere decir que lo hecho no esté mal. La c*** muy fuerte, y lo sé muy bien", sentenció el creador de contenido, quien se mostró visiblemente sorprendido por la celeridad con la que el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público tomaron cartas en el asunto.

A pesar de su arrepentimiento, Christopher Puente aseguró que no evadirá a la justicia y que se presentará a las citaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en su plataforma digital.

La intervención de la Fiscalía y el marco penal

La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha sido la encargada de formalizar la investigación preliminar. Según el comunicado del Ministerio Público, las expresiones de Cristorata constituyen una presunta vulneración de los derechos fundamentales de la población indígena y originaria del país. El proceso se enmarca en el artículo 323 del Código Penal, el cual sanciona los actos de discriminación e incitación al odio basados en el origen étnico o racial.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha reafirmado su postura de tolerancia cero frente a cualquier discurso que promueva el racismo en espacios de difusión masiva, incluyendo las redes sociales. Este caso sienta un precedente importante para otros influencers y streamers, recordándoles que las plataformas de transmisión no son espacios exentos de la ley peruana. Mientras la investigación avanza, la comunidad digital se mantiene dividida entre quienes aceptan las disculpas y quienes exigen una sanción ejemplar que desincentive este tipo de conductas en el futuro.

En conclusión, el episodio protagonizado por Cristorata refleja la creciente vigilancia de las autoridades sobre los contenidos digitales en el Perú. Al reconocer su error, el streamer intenta cerrar una crisis de imagen, pero la vía penal sigue su curso de forma independiente a su arrepentimiento. El desenlace de esta investigación fiscal será determinante para definir los límites de la conducta de los creadores de contenido en plataformas como Kick, en un país que busca erradicar la discriminación estructural y fortalecer el respeto por su diversidad cultural.