Galaga defiende contrato con la ONPE y responsabiliza al ente electoral por demora en entrega de material electoral

La tormenta política tras la jornada del 12 de abril ha sumado un nuevo capítulo de confrontación entre el sector privado y el organismo electoral. La empresa Galaga SAC, encargada del despliegue logístico, rechazó tajantemente ser la causante de las demoras que impidieron la apertura a tiempo de miles de mesas de sufragio. En una defensa técnica, el representante legal de la firma sostuvo que la adjudicación de la buena pro fue transparente y basada en la operatividad de sus unidades, las cuales superaron los estándares exigidos por la propia ONPE durante el proceso de selección.

GPS como prueba de cumplimiento logístico

Cristian Castillo, abogado de la empresa, reveló que cuentan con registros satelitales (GPS) que demuestran que sus camiones estuvieron presentes en el centro de distribución de Lurín en el día y la hora pactados. No obstante, denunció que al llegar al punto de carga, el material electoral no había sido preparado por el personal de la institución que preside Piero Corvetto.

"No estaba listo el material, no había personal de la entidad y las rutas de reparto no estaban establecidas", afirmó el letrado, trasladando la carga de la culpa a la falta de previsión administrativa del ente rector de los procesos electorales.

Sobre los cuestionamientos por el monto del contrato, que supera los 6 millones de soles, Castillo enfatizó que Galaga obtuvo el puntaje más alto del concurso público gracias a su flota propia, la cual cumplía estrictamente con los términos de referencia. Según su versión, la combinación de una oferta económica competitiva y una capacidad técnica superior les permitió ganar la licitación por encima de otros dos postores. Con estas declaraciones, la empresa busca limpiar su imagen ante las acusaciones de supuesta incapacidad para manejar un evento de tal magnitud como son las elecciones generales 2026.

Giro en los resultados: Roberto Sánchez a segunda vuelta

Mientras la polémica logística continúa, el conteo oficial de la ONPE ha dado un giro dramático que redefine el tablero político. Al 92% de las actas procesadas este miércoles 15 de abril, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, ha consolidado su ascenso alcanzando el 11.97% de los votos válidos. Con este resultado, el líder de izquierda supera por un margen mínimo a Rafael López Aliaga (11.91%), quien ha descendido al tercer lugar tras liderar el conteo inicial.

En la cima de las preferencias se mantiene Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, con un 17.06%. De mantenerse esta tendencia en el 8% restante de las actas, el país se encamina a un balotaje entre el fujimorismo y la izquierda de Sánchez el próximo domingo 7 de junio. Ambos comandos de campaña han pedido a sus personeros mantener la vigilancia extrema sobre las actas provenientes del extranjero y de las zonas rurales más alejadas, donde se define el ajustado margen que separa al segundo del tercer puesto.

En conclusión, el panorama post-electoral se divide entre la batalla legal por el transporte del material electoral y la incertidumbre de un conteo de votos que no da tregua. Mientras Galaga intenta blindarse mediante pruebas técnicas de su gestión, la ONPE enfrenta el doble desafío de responder por las fallas logísticas y garantizar la transparencia de un escrutinio que definirá quiénes pasan a la segunda vuelta. El Perú aguarda con expectativa los resultados al 100%, en un proceso que ya es calificado como uno de los más tensos y accidentados de la historia democrática reciente del país.