Crisis logística en los comicios del 12 de abril
Hermes revela que la ONPE solicitó 40 camiones de emergencia un día antes de las elecciones y luego rechazó la oferta
En un nuevo capítulo del caos que rodeó el proceso electoral, la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. denunció que la ONPE solicitó con carácter de urgencia el servicio de 40 camiones apenas 24 horas antes del inicio de la votación. Según un comunicado oficial de la compañía, el entonces gerente de Gestión Electoral, José Samamé, realizó el pedido de emergencia para cubrir la distribución del material electoral entre el sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de abril. A pesar de que la empresa brindó una respuesta afirmativa inmediata ante la crisis, el organismo electoral descartó la propuesta sin dar mayores explicaciones, sumando una nueva irregularidad a la cuestionada contratación de la empresa Galaga SAC.

Composición Radio La Tremenda
LUNES, 20 DE ABRIL DE 2026
El escándalo por las deficiencias en la jornada electoral del 12 de abril ha tomado una nueva dimensión tras el pronunciamiento de una de las empresas de transporte de valores más importantes del país. Hermes ha revelado detalles inéditos sobre los intentos desesperados de la ONPE por solucionar las brechas logísticas a solo horas de abrirse las mesas de sufragio. Esta revelación no solo expone la falta de planificación del organismo, sino que pone en tela de juicio la transparencia de los procesos de selección dirigidos por los funcionarios de confianza de la institución.
Cronología de un pedido desesperado
De acuerdo con el documento emitido por la empresa, el contacto fue directo y personal. José Samamé Blas, quien ocupaba la Gerencia de Gestión Electoral, se comunicó con Hermes la mañana del sábado 11 de abril. El requerimiento era crítico: se necesitaban 40 camiones blindados para movilizar el material electoral que aún no había llegado a sus centros de destino.
"Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad", precisó la compañía, dejando en evidencia que el organismo prefirió mantener su estrategia logística fallida antes que integrar refuerzos de una empresa con experiencia comprobada en el sector.
Este pedido de último minuto confirma que la ONPE era plenamente consciente de que la distribución de cédulas y actas estaba en riesgo inminente. La negativa a aceptar la propuesta de Hermes, tras haber solicitado auxilio, es uno de los puntos que el Ministerio Público deberá investigar para determinar si existió una intención de favorecer a otros proveedores o si se trató de una negligencia administrativa que impidió el correcto despliegue de las fuerzas de seguridad y transporte.
Irregularidades en la licitación ganada por Galaga SAC
El comunicado también arroja luz sobre el proceso de contratación original iniciado en febrero. Hermes denunció que su propuesta técnica y económica fue rechazada a favor de Galaga SAC bajo criterios que no figuraban en las bases del concurso. Según la empresa de transportes, durante la evaluación se utilizaron parámetros arbitrarios para descalificarlos, un hecho que quedó registrado en un acta notarial en presencia de los funcionarios de la entidad, entre ellos Johnny Echevarría Bermúdez.
"Hermes dejó constancia que uno de los criterios que usó el Comité de Selección para la evaluación técnica no estaba estipulado en las bases", señala el texto.
Esta denuncia refuerza la tesis de que el proceso estuvo viciado desde su origen, permitiendo que una empresa con menor capacidad operativa tomara el control de la movilización de los votos. El resultado de esta cadena de decisiones fue el desorden visto el domingo 12, donde miles de ciudadanos no pudieron votar debido a la ausencia de material en los locales.
En conclusión, la revelación de Hermes sobre el pedido de los 40 camiones desmiente la versión oficial de un "evento fortuito" y apunta a una crisis de gestión interna en la ONPE. Con nombres propios como el de José Samamé y el cuestionado rol de Galaga SAC, el panorama legal se complica para las autoridades electorales. Lo que hoy se conoce como una falla logística, mañana podría ser tipificado como una irregularidad grave en la custodia del material electoral, afectando la fe pública y la legitimidad del proceso democrático en este convulsionado 2026.
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