Más de 200 mil cusqueños afectados por retraso de 300 días en obras de saneamiento de Cachimayo: Denuncian inacción del PNSU

La brecha de infraestructura en la capital arqueológica del Perú ha alcanzado un punto crítico. El proyecto Cachimayo, diseñado para cerrar las deficiencias históricas en el suministro de agua y alcantarillado, se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia estatal. Según las recientes denuncias, el PNSU, organismo dependiente del Gobierno Central, es señalado como el principal responsable de un retraso que no solo afecta el cronograma físico de la obra, sino que pone en peligro el financiamiento internacional que sostiene el proyecto.

Gestión deficiente y riesgos contractuales

El núcleo del conflicto reside en una decisión administrativa tomada hace diez meses. El PNSU emitió una orden para reubicar componentes clave del sistema, específicamente los tanques de tormenta, sin haber presentado un informe técnico que avalara el cambio ni haber consultado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad financiadora. Tras casi un año de paralización bajo esta premisa, la orden fue dejada sin efecto, regresando al plan original pero dejando tras de sí un vacío de saneamiento que perjudica directamente a las familias de Cusco.

Esta "marcha atrás" administrativa tiene consecuencias legales severas. El vicedecano del Colegio de Ingenieros del Cusco, José Cabezas Mancilla, advirtió que la gestión del diseño ha sido deficiente.

"Pretender desconocer un atraso real e imputarlo al contratista es una práctica altamente riesgosa. Al negar una ampliación de plazo legítima, el avance físico del contratista caerá por debajo del 80% frente al calendario vigente, lo que faculta a la entidad para intervenir económicamente la obra o resolver el contrato", explicó.

De concretarse la resolución, la obra de Cachimayo podría quedar en el abandono total por años, sumándose a la larga lista de proyectos paralizados en el país.

El silencio del Ministerio de Vivienda

A pesar de la magnitud de la afectación, la respuesta política ha sido esquiva. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de supervisar que estos proyectos lleguen a buen puerto, no ha emitido un pronunciamiento oficial que aclare el futuro de la Etapa 2. La presencia de funcionarios en la zona ha sido calificada como insuficiente por los medios locales y los gremios profesionales, ya que no se han brindado cronogramas de reinicio de obras ni estrategias para mitigar el impacto del retraso.

Para los lugareños, la situación es insostenible. El acceso al agua potable es un derecho humano que, en este caso, se ve vulnerado por decisiones burocráticas carentes de rigor técnico. La incertidumbre sobre si el contratista podrá continuar con los trabajos bajo las actuales condiciones legales mantiene en vilo a los sectores más vulnerables de la ciudad, quienes ven cómo la infraestructura necesaria para su salud y bienestar se deteriora sin haber sido estrenada.

En conclusión, el retraso en el proyecto Cachimayo pone en evidencia la crisis de gestión que atraviesa el PNSU y la falta de liderazgo en el sector saneamiento. En este 2026, mientras el país busca modernizarse, más de 200 mil ciudadanos en Cusco siguen esperando que el Estado cumpla con su función básica de proveer servicios fundamentales. Si el Ministerio de Vivienda no interviene para corregir estas irregularidades administrativas y asegurar la continuidad de la obra, el costo social y económico para la región será incalculable, dejando una herida abierta en el corazón de la Amazonía y los Andes peruanos.