César Acuña iniciará acciones legales contra Fernando Olivera tras el debate presidencial: "Mi honor no quedará impune"

La primera jornada del debate presidencial ha trasladado la confrontación de las propuestas a los tribunales. Este lunes, el candidato y líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, anunció que su equipo jurídico ya se encuentra trabajando en una denuncia penal por difamación contra su contendor de Frente de la Esperanza, Fernando Olivera. La decisión surge tras las graves afirmaciones de Olivera, quien durante su intervención en el evento electoral acusó directamente a Acuña de encabezar una presunta organización criminal a través de su estructura política, encendiendo la polémica en plena campaña de 2026.

Una respuesta firme ante las acusaciones de corrupción

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el fundador de la Universidad César Vallejo expresó su rechazo categórico a las expresiones vertidas por "Popy" Olivera. Según manifestó César Acuña, las palabras de su rival no solo atentan contra su trayectoria personal, sino que representan una ofensa directa a la integridad de su familia y a la buena reputación que ha construido a lo largo de los años.

"He dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación; la ley se impondrá", sentenció el candidato de Alianza para el Progreso, reafirmando que no permitirá que los agravios lanzados en el debate presidencial queden sin castigo legal.

El rol de Elio Riera y el ultimátum de 24 horas

La estrategia legal no se limita únicamente a la figura presidencial. El abogado Elio Riera, vocero de Alianza para el Progreso, también se pronunció tras la accidentada jornada electoral para detallar los alcances de la demanda. Riera denunció que Fernando Olivera utilizó frases peyorativas y adjetivos calificativos que han denigrado la imagen de todos los militantes del partido. El letrado fue enfático al señalar que el candidato del Frente de la Esperanza lo llamó "abogado de la corrupción", un calificativo que considera inaceptable y carente de pruebas.

Ante esta situación, Riera lanzó un ultimátum público: Olivera tiene un plazo máximo de 24 horas para rectificarse de sus palabras. De lo contrario, el abogado confirmó que iniciará un proceso paralelo en el Poder Judicial, buscando una sentencia condenatoria por el daño a su honor profesional. La defensa de APP sostiene que el uso de la tribuna del debate presidencial para lanzar insultos desvirtúa el propósito democrático del encuentro y debe ser sancionado bajo los alcances del código penal por el delito de difamación.

El impacto en la recta final de la campaña

Este nuevo escenario judicial añade una capa de incertidumbre y agresividad a la contienda electoral. Mientras Fernando Olivera mantiene su postura crítica basada en sus habituales denuncias contra la clase política tradicional, el entorno de César Acuña busca cerrar filas para proteger la marca de su partido. Los analistas coinciden en que este enfrentamiento legal podría marcar el tono de los próximos encuentros entre candidatos, donde la línea entre la crítica política y la difamación personal parece haberse desdibujado.

Finalmente, la resolución de este conflicto queda ahora en manos de las autoridades judiciales peruanas. Con la denuncia penal en marcha, César Acuña busca sentar un precedente sobre el respeto a la imagen pública de los aspirantes al sillón de Pizarro. La expectativa por una posible rectificación de Fernando Olivera en las próximas horas es alta, aunque conociendo el historial combativo del excongresista, es probable que la disputa se resuelva finalmente en las salas de justicia tras este tenso debate presidencial.