Fiscalía y PNP allanan locales de la empresa Galaga por presuntas irregularidades en el transporte de material electoral

La justicia peruana busca esclarecer las causas detrás del caos que marcó la jornada electoral de hace dos semanas. El despliegue de este viernes, ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía especializada, apunta directamente a la cadena de contrataciones de la ONPE. El foco de la intervención se centra en la empresa Galaga, compañía que obtuvo la buena pro para el transporte del material electoral en Lima Metropolitana y que hoy es señalada como la principal responsable del retraso sistemático que impidió la apertura de decenas de locales de votación.

Intervenciones en Lurín y San Juan de Lurigancho

Desde la madrugada, los equipos fiscales llegaron a la calle Los Cedros en Lurín y a la avenida Canto Grande en SJL para ingresar a las sedes operativas de Galaga. Aunque en un inicio el personal de seguridad intentó obstaculizar el paso a las autoridades, finalmente se dio cumplimiento a la orden judicial de allanamiento, descerraje e incautación. El objetivo de la fiscalía es obtener documentos contables, registros de rutas y equipos de cómputo que permitan determinar por qué el material crítico no llegó a su destino y si existió una concertación previa entre los directivos de la empresa y altos mandos del organismo electoral.

Las investigaciones preliminares del Ministerio Público sugieren que la contratación de Galaga habría estado viciada desde su origen. Se sospecha que funcionarios de la ONPE habrían manipulado los criterios de selección para beneficiar a esta empresa, desestimando otras propuestas que resultaban más ventajosas para el Estado. Este presunto favorecimiento habría derivado en la incapacidad operativa que se vivió el 12 de abril, donde la falta de camiones y una deficiente planificación logística vulneraron el derecho al voto de miles de ciudadanos.

El entorno de Piero Corvetto bajo la lupa

El operativo no se limitó a los locales comerciales. La PNP también allanó los domicilios de figuras clave de la institución, entre ellos el de Piero Corvetto, quien recientemente renunció a la jefatura de la ONPE tras la presión social y política generada por estas irregularidades. Asimismo, fueron intervenidas las propiedades del exgerente José Samamé Blas y del subgerente de contrataciones Juan Phang. Para los investigadores, la renuncia de Corvetto no lo exime de las responsabilidades penales que podrían derivarse de una gestión que, a todas luces, falló en asegurar la transparencia y eficiencia del proceso.

La magnitud del allanamiento refleja la gravedad de las imputaciones. La fiscalía maneja la tesis de una organización que habría priorizado intereses económicos particulares sobre el correcto desarrollo de la democracia. Con la incautación de material documental y digital en los locales de Galaga, se espera reconstruir la trazabilidad del contrato y determinar si hubo pagos ilícitos o tráfico de influencias que expliquen la deficiente labor de transporte durante los comicios.

En conclusión, el allanamiento a la empresa Galaga y a los exfuncionarios de la ONPE marca un punto de quiebre en la búsqueda de responsables por el desastre logístico del 12 de abril. La labor conjunta de la PNP y el Ministerio Público en este viernes de abril de 2026 es fundamental para devolver la confianza al sistema electoral de cara a los próximos desafíos democráticos. Mientras las autoridades procesan la información recabada, la figura de Piero Corvetto y su círculo más cercano permanecen en el centro de un escándalo de corrupción que el país exige esclarecer con la mayor celeridad y rigor legal.