Investigación por presunta colusión agravada
Fiscalía solicita 18 meses de impedimento de salida del país para Piero Corvetto tras irregularidades en la ONPE
El Ministerio Público, a través del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, presentó un requerimiento formal para prohibir la salida del territorio nacional del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por un periodo de 18 meses. La medida se inserta en las investigaciones por el presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC en la distribución del material electoral durante los últimos comicios. Mientras la Fiscalía sustenta este pedido ante el Poder Judicial, la JNJ ha oficializado la convocatoria para el concurso público que designará a su sucesor, en un contexto marcado por cuestionamientos a la transparencia del proceso de sufragio del pasado 12 de abril.
Composición Radio La Tremenda
MARTES, 28 DE ABRIL DE 2026
El panorama legal para el ex titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se agrava. Este miércoles 29 de abril, se confirmó que el Ministerio Público busca asegurar la presencia de Piero Corvetto en el país para profundizar en las pesquisas sobre una presunta red de colusión que habría beneficiado a una empresa de transportes específica durante la jornada electoral. El requerimiento fiscal no solo alcanza al exjefe de la ONPE, sino que se extiende a otros exfuncionarios de confianza y representantes legales del sector privado involucrados en la cadena de logística electoral.
La red de investigación y el caso Galaga SAC
La tesis de la Fiscalía sostiene que existió un favorecimiento indebido hacia la empresa Galaga SAC para la adjudicación del contrato de transporte del material de sufragio. Por este motivo, el pedido de impedimento de salida también incluye a José Samamé (exgerente de Gestión Electoral) y Juan Phang (subgerente suspendido), además de los directivos de la empresa proveedora. Los delitos imputados son colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, delitos que, de comprobarse, conllevan penas severas de privación de la libertad.
El sustento de esta medida será debatido en una audiencia pública programada para este jueves 30 de abril a las 11:00 a. m. ante el Poder Judicial. Cabe recordar que, anteriormente, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó un pedido de detención preliminar contra Corvetto al considerar que, en ese momento, las evidencias presentadas eran insuficientes. No obstante, la Fiscalía ha continuado recabando testimonios y pericias técnicas que justificarían ahora la restricción de movimiento del investigado para evitar un posible riesgo de fuga.
El relevo institucional en manos de la JNJ
En paralelo al avance de las investigaciones judiciales, la institucionalidad electoral busca pasar la página. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó hoy en el diario oficial El Peruano la convocatoria al concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE. Esta decisión, refrendada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, se produce tras la accidentada salida de Corvetto, cuya renuncia fue solicitada debido a los críticos retrasos en la entrega de actas y material electoral que pusieron en duda la eficiencia del organismo.
La selección del nuevo titular será un proceso clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Las bases del concurso ya han sido aprobadas y se espera que el proceso sea de alta rigurosidad técnica, alejándose de los escándalos de supuestos direccionamientos que hoy mantienen a la plana mayor anterior bajo la lupa de la justicia anticorrupción.
En conclusión, la situación de Piero Corvetto refleja una crisis profunda en la gestión de los procesos electorales en el país. Mientras la Fiscalía busca determinar las responsabilidades penales detrás de los contratos logísticos, la JNJ asume la responsabilidad de reestructurar la cabeza de la ONPE con un perfil que garantice transparencia. Este 2026 cierra su primer cuatrimestre con una lección contundente sobre la fiscalización de los recursos públicos: nadie está por encima de la ley, especialmente cuando se trata de custodiar la voluntad popular expresada en las urnas.
Compartir
